Una de las formas que tiene la violencia de género consiste en disminuir, limitar o impedir el acceso de una persona a sus recursos económicos. En pocas palabras: a tener ingresos. Ese tipo de violencia es conocida como Violencia Económica.
Las ideas preconcebidas de lo que deben ser mujeres y hombres, es decir; los valores, normas y papeles asignados a las personas por sus sexo, marcan importantes aspectos de la vida de las personas, al limitar las oportunidades para el acceso y disfrute de derechos, como el trabajo, la educación, vivir libres de violencia y contar con entornos seguros.
Sobre la realidad de ocupación y empleabilidad de nuestro país, los datos arrojan que en la población ocupada de 15 a 59 años por condición de actividad, el 78.5% se conforma por hombres mientras que el 42.7% se integra por mujeres. Eso pone en condiciones críticas a las víctimas de violencia doméstica, ya que sus posibilidades de conseguir un empleo son mínimas y por lo tanto el permanecer a expensas de sus agresores es una latente.
En la mayoría de los casos donde existe violencia familiar, las personas vulneradas no rompen el ciclo de abuso porque no tienen a donde ir, no cuentan con una vivienda propia, no tienen empleo ni posibilidades de obtenerlo porque no cuentan con estudios profesionales, no existen programas sociales de apoyo para la productividad laboral o el autoempleo, y las políticas públicas y los sistemas de seguridad no ofrecen garantías a las víctimas.
Pero…¿cómo lograr salir de esa espiral de violencia?
El primer paso es tener autonomía económica, que no es más que la capacidad que tenemos de ser proveedoras de nuestro propio sustento y NO depender económicamente de alguien. No se trata solo de tener mejores condiciones financieras, es preciso decir que eso debería incluir por derecho:
- Acceso a la Seguridad Social.
- Acceso a ambientes laborales libres de violencia y protección a la salud física y emocional.
- Y a servicios públicos que ayuden a generar condiciones para tener un trabajo digno.
De tal manera que el que las mujeres accedan al trabajo no solo mejora su poder de acción y decisión, sino también mejora los niveles de desarrollo y el ingreso de la sociedad, lo que lleva a reducir índices de pobreza y desigualdad.
Pero para generar ese cambio urge conciencia y acciones por parte de los gobiernos y urgen decisiones diferentes que se traduzcan en mayor seguridad y mejores condiciones de vida para las mujeres violentadas; se deben realizar acciones de forma y fondo en México. Es urgente que se establezcan mecanismos y programas de becas para capacitarlas, para que puedan concluir o retomar sus estudios, para que puedan desarrollar un oficio o conseguir un empleo. Y por consecuencia rompan el ciclo de violencia económica que las mantiene atadas y condicionadas.
La autonomía económica de las mujeres que viven violencia, es un puente que puede incluso, significar la diferencia entre perder la vida a manos de sus agresores o vivir libres en torno a sus derechos y obligaciones.